domingo, 21 de octubre de 2012

Las relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo: el caso de México.


La debilidad del Congreso.


El Congreso ha tenido un desempeño en la autoridad para legislar y supervisar muy pobre.  Esto no se debe por un desequilibrio de autoridad entre los dos poderes de gobierno sino del sistema político que han incrementado significativamente el alcance del poder presidencial.

El mandato constitucional del poder legislativo establece el origen y la supervivencia del Congreso, lo faculta para desempeñar las dos funciones para las que fue creado y le otorga los medios para hacerlo.
El origen y la supervivencia del Congreso está garantizado por la constitución.
La facultad para legislar es amplia y, de las tres ramas de gobierno como el poder legislativo es el que cuenta con el mayor número de prerrogativas en las esferas económica, política, administrativa, judicial y social.
Las facultades con las que cuenta el poder ejecutivo parecen ser suficientes y adecuados para hacer efectiva la división de poderes y cumplir con el propósito de contrabalancearlo.

 Congreso se encuentra limitado para llevar a cabo sus funciones ante el poder ejecutivo.

El congreso tiene una restricción para llevar a cabo el rumbo específico a la política mediante la legislación y para vigilar la aplicación de las políticas y los actos regulatorios del poder ejecutivo, y esto es debido a causa de la presidencia que también está constitucionalmente dotada con facultades legislativas: poder de veto, facultad para presentar iniciativas de ley y autoridad para elaborar reglamentos promover decretos. 
En México, la función legislativa del Congreso ha sido muy limitada. No sólo se trata de que los legisladores sean los que dan origen a iniciativas de ley sino que tampoco desempeñan la función de detener o  modificar sustancialmente los proyectos de ley enviados por el ejecutivo.
Han habido estudios acerca la conducta del congreso respecto a las iniciativas de ley del ejecutivo presenta la evidencia de que el Congreso tiene debilidad.

La fuente de la debilidad del congreso se debe buscar en los factores ajenos a los poderes que la Constitución otorga  al ejecutivo y al legislativo, para que así haya un equilibrio respectivo.

El terreno es propicio para que el poder ejecutivo se apropie del legislativo ya sea mediante la delegación o la abdicación de las facultades de este.
Existen dos factores para que se explique el hecho de que el congreso no cumpla con su función constitucional y de que renuncie a sus facultades en favor del ejecutivo, y ambas tienen que ver con la penetración de este último a la función de representación del Congreso. a) se ha asegurado para sí mismo el apoyo de grandes contingentes de legisladores y b) ha hecho que el interés de los legisladores resida en actuar no como un poder de contrapeso del ejecutivo sino como un aliado urgente permanente este último.
El poder ejecutivo ha generado grandes mayorías para su partido interfiriendo en la competitividad del sistema, mediante su intromisión en la legislación partidaria y electoral. Al obtener el control sobre la representación el ejecutivo establece las condiciones para que el Congreso renuncie a sus facultades para legislar y para vigilar al poder ejecutivo.

Si nos ponemos a ver el país durante la década de 1930 y principios de la década de 1940 en particular del desarrollo del partido oficial de la fecha de su creación 1929 hasta su transformación es el bien conocido PRI puede decirse que la competitividad del sistema político se vio restringida mediante el sometimiento de la participación política fuera de la corriente dominante y los obstáculos insuperables y mediante el aumento legal del control ejecutivo sobre las cuestiones electorales.

Mediante las condiciones de competencia participación, el establecimiento de condiciones marcadamente desiguales y la atención del control sobre las instituciones encargadas de organizar las elecciones se garantizó que el Congreso estuviese formado por grandes  mayorías del partido del Presidente.

El sistema de partidos resultantes se caracterizó por ser hegemónico, un sistema del que no era posible que ningún otro partido o coalición de partidos se opusiera con efectividad del partido mayoritario.
Hasta 1988 cuando la oposición obtuvo el  48% de los escaños, el PRI no sólo tenía la mayoría absoluta para aprobar todas las leyes, sino que también contaba con la mayoría necesaria para alterar la constitución. Con todo el hecho de contar con grandes contingentes legisladores, esto no es suficiente para garantizar el equilibrio entre la rama del gobierno y que se inclina en favor del poder ejecutivo.

Otras tres características se combinaron para fortalecer al poder ejecutivo frente al congreso, a) Un partido altamente centralizado y disciplinado capaz de controlar la selección de candidatos, b) La coincidencia de la presidencia del país y la presidencia del partido oficial en la misma persona, c) la cláusula de la no reelección. 

En resumen, lo que encontramos en el periodo de estabilidad del sistema político es un conjunto de factores institucionales y partidistas que se combinaron para producir un equilibrio de poder entre las ramas de gobierno, que favoreció al poder ejecutivo. La transición no ha modificado las facultades formales del ejecutivo, pero si ha erosionado sus poderes partidistas y lo llevará la revaloración de sus facultades formales y a una corrección del equilibrio de poder entre el ejecutivo y el congreso.

martes, 16 de octubre de 2012

Presidencialismo norteamericano, parlamentarismo inglés y gobierno mixto francés


Presidencialismo Norteamericano


Se entiende por Presidencialismo un sistema de gobierno basado en las siguientes características:
    Legitimidad de origen: la elección del jefe del ejecutivo es de carácter popular, sea  en forma directa mediante el veredicto de la ciudadanía o a través de cuerpos de carácter colectivo como el colegio electoral cuyos integrantes, elegidos por el voto ciudadano, tienen la función de definir la fórmula presidencial2.
    Composición del poder ejecutivo: en la mayor parte de los sistemas presidencialistas, el poder ejecutivo es de carácter unipersonal siendo el jefe del poder ejecutivo jefe de estado, cumpliendo con las funciones de carácter protocolar, y al mismo  tiempo jefe de gobierno, responsable como tal de la administración del estado. El presidente designa y remueve a los ministros que forman parte del gabinete de gobierno.
    Relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo: en el presidencialismo esta relación tiende a ser de separación -con la correspondiente diferenciación de las atribuciones constitucionales de cada uno de los poderes- tratándose de poderes con funciones institucionalmente diferenciadas y mutua independencia en lo referente a su legitimidad de origen.

            El sistema presidencialista norteamericano tiene su origen en el proceso de ruptura que desemboca en la revolución americana de 1776, dando lugar a un profundo debate sobre la necesidad de un diseño institucional alejado de la impronta monárquica característica de Gran Bretaña, la antigua metrópoli: el resultado de dicho debate será la constitución de 1787, que sienta las bases de un sistema que será fuente de inspiración en el resto de la región a lo largo de los siglos XIX y XX. 
Dicho modelo constitucional, cuya obra más representativa ha sido el Federalista (Jay, Hamilton y Madison, v.e.), ha tenido como bases teóricas en primer lugar la concepción ius naturalista, a partir de la cual se concibe la existencia de derechos naturales tales como el derecho a la vida, la libertad y la propiedad siendo la función primordial del gobierno preservar esos derechos inalienables, y en segundo lugar un liberalismo de inspiración lockeana, a partir de una concepción de gobierno limitado siendo el mismo resultado de un pacto entre  los estados que delegan, pero no en forma irrevocable, atribuciones en un poder central reservando para si el derecho de rebelión en caso de que el gobierno actúe como tirano . 
El resultado institucional de dichos fundamentos será la instauración de un sistema federal, en forma conjunta con el establecimiento del moderno sistema de división de poderes, con un mecanismo de elección indirecta del presidente y los integrantes del senado federal -poder legislativo bicameral-, y el rol del poder judicial como garante y última instancia de control de constitucionalidad de los actos de gobierno. 
El esquema precedentemente descripto fue diseñado con el claro propósito de enfrentar el principal obstáculo en la construcción de la república en la perspectiva de los constituyentes de Filadelfia: la tiranía y las diferentes expresiones de la misma –tiranía de la mayoría, del gobierno y legislativa- en el marco de una concepción aristocrática del republicanismo. 
Ahora bien, la supervivencia de un régimen depende no solo de la viabilidad de su carta escrita, sino también de la fuerza de las normas no escritas. En este sentido, algunos rasgos de la constitución de los Estados Unidos no están expresados en la carta propiamente dicha. Así es necesario hablar de la existencia de normas y prácticas de carácter paraconstitucional, que explican esta viabilidad de la pragmática experiencia presidencialista norteamericana.
 En este sentido es central el rol jugado por el propio presidente en todo aquello relacionado con el respeto por las reglas de juego establecidas en el ámbito constitucional. Podemos hablar de un fuerte sentido de civilidad como un significado especial del respeto por el constitucionalismo liberal.
 También un gabinete poco estructurado ayuda a sostener este diseño institucional dado que en reiteradas oportunidades, los ministros expresan posiciones e intereses poderosos que limitan al presidente. Al mismo tiempo, ellos más que el jefe del ejecutivo pueden encabezar proyectos destinados a lograr apoyos del congreso para políticas que también son aceptables para el presidente. El gabinete norteamericano es tan poco estructurado que parece por momentos socavar el liderazgo presidencial, dado que este debe no solo acordar con el congreso, sino también con numerosos subgobiernos dentro de la burocracia gubernamental. Allí es donde se hace necesaria la presencia de una oficina ejecutiva formada por un equipo de asistentes casi tan responsables como aquel. 
El gabinete puede finalmente ser tanto un crédito como una responsabilidad para el presidente, dado que el apoyo de sus miembros hace posible los éxitos y lo cuida de sus errores y torpezas potencialmente fatales.
 Por otra parte la indisciplina partidaria, en un contexto de sistema electoral con circunscripción uninominal, puede ser una condición necesaria para el éxito de la gestión presidencial ya que, si la disciplina fuera forzada, la capacidad de gobernar se vería severamente deteriorada en condiciones de gobierno dividido. 
Sumado a ello, se encuentran un modelo de organización ampliamente descentralizado, la organización del congreso a través de un proceso descentralizado de toma de decisiones en manos de las comisiones legislativas y un modelo de orientación del electorado sobre la base de las grandes cuestiones locales.  
Estas características del sistema de partidos y del sistema electoral tienen consecuencias para-constitucionales: bajo nivel de participación en el voto, altos costos en las campañas, sostenimiento de un partido efectivo de oposición, y presencia y vigencia del federalismo entre otras.
Sin lugar a dudas, el presidencialismo de los Estados Unidos, producto de su larga estabilidad institucional, ha constituido el modelo de referencia para toda la región.



Parlamentarismo Inglés


El sistema parlamentario designa una forma de gobierno representativa en la que el Parlamento participa en forma exclusiva en la dirección de los asuntos del Estado. En ese sentido, en este sistema la formación del gobierno y su permanencia dependen del consentimiento de la mayoría parlamentaria. Esa mayoría puede surgir directamente de las elecciones, o bien, de una coalición. No es suficiente con que el Parlamento elija al jefe de gobierno para hablar de un sistema parlamentario. Es necesario también que el Parlamento no comparta con ningún otro órgano del Estado la dirección de los asuntos públicos.
En este sistema se pueden distinguir los siguientes elementos: un Poder Ejecutivo -dividido entre el jefe de Estado (monarca o presidente) y el jefe de gobierno (primer ministro, presidente del gobierno o canciller)y un Poder Legislativo, el Parlamento, compuesto por dos cámaras: la alta, de donde derivan las de Senadores o equivalentes (la de los Lores, en Inglaterra, sigue siendo el refugio de la aristocracia) y la baja, llamada así por ser, desde su origen, la no aristocrática ( de los ,Comunes en Inglaterra, que representa al pueblo, equivalente a la Cámara de Representantes en Estados Unidos, a la Asamblea Nacional en Francia o al Congreso de los Diputados en España). Con la excepción inglesa, en todos los países con sistemas parlamentarios los miembros de la Cámara alta surgen de procesos electorales.
El jefe de Estado tiene una función simbólica que puede ser decisiva en caso de crisis política profunda (el rey Juan Carlos de España en la transición política, por ejemplo), pero no dispone de atribuciones políticas, En la práctica, el jefe de Estado acata la decisión del electorado o la de la mayoría parlamentaria. Las prerrogativas del Ejecutivo se ejercen por medio del gabinete alrededor del primer ministro; este gabinete es responsable frente al Parlamento, que en todo momento puede destituirlo por el voto de una moción de censura o rechazarlo por medio de una cuestión de confianza. En contrapartida, el primer ministro puede, en nombre del jefe de Estado, decidir la disolución del Parlamento. El desarrollo del sistema parlamentario transfirió, así, el poder al Parlamento y, a través de éste, al gabinete.
El gobierno, en quien recaen el poder y las funciones ejecutivas, surge y se mantiene gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, pero puede ser destituido por medio de la moción de censura. Por su parte, el jefe de gobierno o primer ministro puede plantear la cuestión de confianza como un recurso para obtener el apoyo de su mayoría; pero si no lo logra, debe renunciar. En caso de un conflicto irresoluble, el primer ministro puede recurrir a la disolución del Parlamento ya la celebración de nuevas elecciones.
El primer ministro y su gabinete están sujetos al control político, a través de diversos mecanismos, por parte del Parlamento. Los más utilizados son las facultades de investigación, interpelación, información o requerimiento de comparecencia. No significa que el gobierno esté subordinado al Parlamento, sino que cada uno mantiene su autonomía, aun cuando el gobierno surge de la mayoría y le rinde cuentas.
Los partidos mayoritarios contribuyen en la preparación y coordinación de la política del gobierno y enlazan al Ejecutivo con el Legislativo. Los partidos opositores, por su lado, son los vigilantes más atentos, los más críticos y quienes exigen mayores controles sobre el gobierno. La integración del Parlamento traduce la estructura del sistema de partidos. El Parlamento es el resultado del sistema de partidos en combinación con los mecanismos electorales. Esto es válido para todos los sistemas políticos, pero en el caso de los sistemas parlamentarios, entre menos dispersos son los votos y menos polarizado es el sistema de partidos, se logra dar paso a mayorías sólidas y, por tanto, se dota de mayor estabilidad y eficacia al gobierno.
El sistema de partidos puede ser bipartidista con escrutinio mayoritario (como en Inglaterra donde, por lo mismo, no hay coaliciones); de pluralismo moderado con sistema electoral mixto, como en Alemania; con representación proporcional corregida (España), y de pluralismo polarizado con representación proporcional (Italia).
El sistema parlamentario es más flexible para gobernar sociedades afectadas por conflictos étnicos, culturales, religiosos, lingüísticos o ideológicos, precisamente porque el Parlamento permite la discusión, la confrontación pacífica, la negociación, el compromiso y la repartición del poder. Este sistema conoce diversas modalidades, entre las que encontramos la monarquía parlamentaria, la república y la democracia parlamentaria, que surgen de la mezcla original de la historia y la cultura políticas y de los diseños institucionales de cada país.
La característica institucional distintiva del sistema parlamentario es la capacidad del Parlamento electo por votación directa para crear y destituir gobiernos, así como la facultad del Ejecutivo de disolver el Parlamento, que se combina con el papel meramente simbólico del jefe de Estado.  
Tras las revoluciones del siglo XVII, y sobre todo desde la Revolución Gloriosa de 1688, Inglaterra había dejado de ser una monarquía absoluta y se fue definiendo como un régimen parlamentario, al igual que las Provincias Unidas de los Países Bajos.
En torno a las universidades inglesas y escocesas surgió el embrión de la ilustración británica y fue John Locke quien definió las principales líneas teóricas del parlamentarismo.
La estabilidad política se consiguió en el siglo XVIII gracias al acercamiento de posturas entre el autoritario partido tory , y el inicialmente radical partido whig -cuya máxima figura será Robert Walpole-, consenso que permitió un desarrollo legislativo y económico que puso las bases de la revolución industrial.
La política diseñada por Walpole y los gobiernos whigs reforzaban el poder de Jorge I de Hannover, rey desde 1714, y de la oligarquía de terratenientes y financieros, que conseguían una gran representación parlamentaria gracias a un sufragio muy restringido, siempre que se aceptase la constitución de 1688, lo que significaba el equilibrio entre la cámara de los lores y la de los comunes, el máximo respeto hacia la propiedad privada, el mantenimiento de algunas libertades individuales y el control del clero por el Estado.




Gobierno Mixto Francés


El sistema semipresidencial o mixto avanza en una dirección distinta de los sistemas presidenciales y parlamentarios. En este sistema la división de poderes tiene un grado mayor de complejidad que en los anteriores, porque el Ejecutivo y el Legislativo están al mismo tiempo separados y unidos.  

En este sistema el presidente es autónomo, pero comparte el poder con un primer ministro; a su vez, el primer ministro procede del Parlamento y debe conseguir su apoyo continuamente. El Poder Ejecutivo se divide entre un jefe de Estado -el presidente de la República- y un jefe de gobierno -o primer ministro. Cada uno tiene un origen distinto: mientras que el presidente de la República surge directamente del voto popular, el jefe de gobierno es designado por la mayoría parlamentaria. El presidente de la República nombra a este último, en efecto, pero siempre atendiendo al partido o a la coalición mayoritaria en el Parlamento. De este modo, si bien en el origen del jefe de gobierno se encuentra la confianza simultánea del jefe de Estado y de la mayoría parlamentaria, en la práctica su permanencia depende casi exclusivamente de esa mayoría. El primer ministro está comprometido en la lucha política cotidiana, de la cual está exento el presidente. El jefe de Estado mantiene una relación no conflictiva con los dirigentes de los partidos contrarios y favorece el compromiso, la negociación y la moderación de las fuerzas en pugna. Por ello, desempeña una función de árbitro.
El jefe de Estado tiene como función primordial garantizar el funcionamiento regular de las instituciones, y dirige la política exterior, la diplomacia y las fuerzas armadas. Por otro lado, existe el Parlamento organizado en dos cámaras. Ambos surgen del sufragio universal: el Parlamento no depende del jefe de Estado en términos de su elección, ni el jefe de Estado depende del Parlamento. El gobierno surge de la Asamblea Nacional, que puede ser disuelta por el presidente de la República.
En términos de Sartori, "[...] un sistema político es semipresidencial si se aplican conjuntamente las siguientes características: a) el jefe de Estado (el presidente) es electo por el voto popular -ya sea directa o indirectamente- para un periodo predeterminado en el cargo; b) el jefe de Estado comparte el Poder Ejecutivo con un primer ministro, con lo que se establece una estructura de autoridad dual cuyos tres criterios definitorios son: 1) el presidente es independiente del Parlamento, pero no se le permite gobernar solo o directamente, y en consecuencia su voluntad debe ser canalizada y procesada por medio de su gobierno; 2) de la otra parte, el primer ministro y su gabinete son independientes del presidente porque dependen del Parlamento; están sujetos al voto de confianza y/o al voto de censura, y en ambos casos requieren del apoyo de una mayoría parlamentaria, y 3) la estructura de autoridad dual del semipresidencialismo permite diferentes balances de poder, así como predominios de poder variables dentro del Ejecutivo, bajo la rigurosa condición de que el 'potencial de autonomía' de cada unidad componente del Ejecutivo subsista." 
En este sistema, la disolución del Parlamento es un arma en manos del presidente porque se busca que éste disponga, en la medida de lo posible, de una mayoría parlamentaria afín. El presidente disuelve el Parlamento con base en cálculos políticos, de acuerdo con los cuales esta acción no se puede instrumentar en cualquier momento ni bajo cualquier circunstancia. En otras palabras, aunque no hay límites ni condiciones para disolver el Parlamento, sólo se hace cuando hay circunstancias políticas para conducir a una mayoría propia al Parlamento o cuando, aunque esto no se logre, se trata de disminuir costos políticos a mediano plazo.

El gran aporte de la Quinta República Francesa es haber innovado en términos de diseño institucional. Toda la experiencia histórica anterior de Francia, que se puede sintetizar en una crisis institucional permanente, fue asimilada e integrada en una nueva concepción de la organización del poder político que dio forma y sentido a la Quinta República Francesa, nacida en 1958 y, en efecto, al sistema mixto.

domingo, 14 de octubre de 2012

Síntesis de "Gobierno dividido en México: entre la pluralidad y la eficacia" por Carlos Enrique Casillas


Las elecciones federales del 2 de julio de 2000 cerraron el ciclo del cambio político en México. El largo proceso de transición a la democracia concluyó así con la alternancia del partido que mantuvo el poder por más de siete décadas. Luego de la batalla electoral, los retos que habrá de enfrentar el nuevo gobierno se adivinan ya en todas las áreas del quehacer público, particularmente en lo que será la relación entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo. Instalados en la lógica democrática, los mexicanos viviremos por segunda ocasión consecutiva el accionar de un presidente sin el apoyo de un partido político mayoritario en el Congreso.
Por diversas razones, el esquema de control político permitió siempre a los presidentes emanados del Partido Revolucionario Institucional operar sus gobiernos desde la certidumbre de una mayoría parlamentaria. El diseño excepcional de nuestro presidencialismo y la presencia permanente de un Congreso en los hechos unipartidista, así como la disposición que el Ejecutivo tuvo de utilizar amplias prerrogativas constitucionales y poderes defacto, contribuyeron a tener un Poder Legislativo debilitado y ausente del debate nacional, con escasas posibilidades de actuar de manera autónoma y de contrarrestar decisiones del Ejecutivo, eventualmente perniciosas para el sano desenvolvimiento de las instituciones mexicanas.
Hoy, esos viejos modelos de convivencia se han agotado y su lugar lo ocupan la diversidad política, el contrapeso de la representación ciudadana y una cada vez más presente acción de control del Poder Legislativo. Con todo, los dilemas que la pluralidad democrática ha abierto contienen altas dosis de incertidumbre, que hacen pensar, en ocasiones, que el horizonte de la relación entre poderes es un espacio más de confrontación que de colaboración. Este trabajo pretende responder algunas de esas interrogantes.

La división de poderes nació de la clásica propuesta de Montesquieu, quien llamó obra maestra de la legislación a «un gobierno moderado donde las fuerzas políticas adquirieran un orden, donde tuvieran un contrapeso y un lastre que las equilibrara, que las pusiera en estado de resistir unas a otras»
El realismo político tradujo la tesis del filósofo francés en El Federalista, donde Madison, Hamilton y Jay, padres fundadores del constitucionalismo norteamericano, discutieron las bondades y peligros del gobierno representativo. Para ellos, la división de poderes era la condición necesaria para el funcionamiento de una democracia; dividir el poder era entonces imperativo legal para evitar que las facciones (porque ciertamente los partidos políticos no figuraban aún como los actores principales de la democracia) monopolizaran el poder. Los federalistas pensaron que tiranía de uno o de muchos, tiranía de notables o de electos, sería la misma cosa sin un mecanismo para separar las funciones Ejecutiva, Legislativa y Judicial. E l éxito d e la fórmula estaría justamente asegurado en un atinado diseño de pesos y contrapesos en el ejercicio del poder político.

Tan necesaria como la mayoría, la oposición juega en todos los regímenes democráticos un papel vital para la estabilidad del gobierno. Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la oposición no es accesorio sino complemento insustituible del orden democrático y no es exagerado decir con Pasquino que la calidad de una democracia se mide, en mucho, por la capacidad de su oposición. La oposición en las democracias contemporáneas cumple también, entre otras funciones, la de oxigenar el debate público y constituirse en una alternativa sólida para disputar el poder. Su tarea es no dejar el campo libre al Gobierno, sino estimular la buena conducción de los asuntos públicos; parte de su trabajo implica entonces evitar que los errores le salgan gratis a un gobierno que eventualmente puede volverse ineficaz o corrupto. De ahí que la democracia representativa tienda a operar mejor donde se constituye una mayoría estable y una oposición responsable; de ahí también que la ausencia de una mayoría firme y la formación de una oposición polarizada o irresponsable, se asocie con el deterioro en la calidad de la democracia.

Cuando los federalistas pensaron el sistema presidencial norteamericano, lo hicieron persuadidos de que la relación Ejecutivo-Legislativo era el centro de grave- dad para la salud y la estabilidad política de un régimen democrático. Dividir el poder era una vacuna contra las tentaciones autoritarias, contra los excesos personalistas o de grupo y contra una eventual complicidad tiránica entre quienes hacen las leyes y quienes las ejecutan. Por desgracia, ninguno de ellos vivió lo suficiente para observar el auge de los partidos políticos modernos y para comprender la importancia para un presidente de contar con el apoyo que una mayoría parlamentaria le otorga, a fin de llevar adelante las tareas de su gobierno. Es por ello que en el presidencialismo, la formación de mayorías parlamentarias ha sido un fenómeno necesaria- mente asociado, entre otras variables, al desarrollo de los sistemas de partidos.
De esta manera, la formación de mayorías parlamentarias en la democracia presidencial es un factor importante para explicar su funcionamiento y desempeño, así como uno de los indicadores para comprender su estabilidad. Del conjunto de rasgos característicos de todo sistema presidencial, cuatro de ellos se encuentran directa- mente vinculados con el problema de la integración de mayorías parlamentarias: 1) el Ejecutivo y el Legislativo son elegidos de manera directa e independiente; 2) existen períodos fijos para la duración de sus cargos tanto en el caso del presidente, como de los legisladores; 3) el presidente no tiene facultades para disolver el Congreso; y por último 4) el Ejecutivo tiene poder de veto sobre la legislación y ese veto sólo puede ser superado por una mayoría extraordinaria.

En la literatura politológica, el debate sobre los gobiernos divididos ha tenido dos grandes áreas d e discusión; l a primera involucrada con e l estudio d e las causas de estas formaciones políticas, y la segunda referida a su desempeño e impacto en las relaciones Ejecutivo-Legislativo, en la generación de leyes, presupuestos y políticas.
Como se ha señalado, los gobiernos divididos tienen como elementos básicos la dinámica que se entreteje entre el sistema electoral y de partidos, de ahí que las explicaciones sobre tales configuraciones políticas respondan a las características institucionales de ambos. La teoría ha distinguido cinco factores que inciden en la generación de un gobierno dividido: 1)el llamado voto diferenciado(splittiket); 2) el peso de las agendas local y nacional; 3) el ciclo electoral, que comúnmente se cumple en elecciones intermedias; 4) la existencia de expectativas electorales diferentes en la elección de legisladores y Ejecutivo, y 5) un ejercicio de moderación político-partidista que los votantes hacen mediante el sufragio.

Pero después de todo, ¿qué diferencias existen entre gobiernos unificados y divididos? Justamente, la otra gran vertiente de debate en los Estados Unidos está referida al desempeño de los gobiernos bajo condiciones de división. Los primeros estudios constituyeron una critica esencialmente ideológica sobre los peligros de los gobiernos divididos. Se dijo entonces que estas formaciones políticas disminuían la eficacia y efectividad del gobierno, afectaban la productividad del trabajo legislativo y podían inclusive conducir a la parálisis, del mismo modo que favorecían a la generación de conflictos entre el presidente y el Legislativo, y finalmente, conducían a un manejo irresponsable del presupuesto público, lo que irremediablemente llevaba a un déficit en las finanzas nacionales.
El estudio sistemático sobre los gobiernos no unificados en los Estados Unidos hicieron cambiar varias de estas percepciones. David Mayhew mostró, a principios de los noventa, luego de revisar los períodos de gobierno entre 1946 y 1990, que no existía una diferencia significativa entre la productividad legislativa bajo condiciones unificadas o divididas. Su trabajo también arrojó luz en el sentido de que los presidentes que enfrentaban un Congreso opositor, usualmente se las arreglaban para pasar sus proyectos de ley más importantes y en tal sentido, la eficacia del gobierno no se ponía en entredicho.
En otros rubros, sin embargo, el debate es aún controversial. Por ejemplo, mientras algunos autores mostraron que bajo gobiernos divididos el número de vetos presidenciales se incrementaba significativamente, en contrapartida de las situaciones unificadas, y de esta manera las relaciones entre el presidente y el Legislativo tendían a ser más difíciles y conflictivas, otros opinaron que en términos de hostilidad entre poderes, el número de investigaciones por parte de comités del Congreso para fiscalizar el ejercicio de los recursos del Ejecutivo, había disminuido desde el final de la Segunda Guerra Mundial y que en ese sentido, la relación entre ambos poderes tendía a ser más cordial.
Un tema más, igualmente polémico, es el asunto del déficit público como consecuencia de un gobierno dividido. Detrás de esta aseveración hay una lógica simple: un Congreso mayoritariamente opositor buscará modificar la política económica del presidente en los rubros de gasto e impuestos, porque son las variables que afectan el bolsillo de clientelas electorales específicas y porque lo que pretende es ganar simpatías de cara a la siguiente elección. En estas condiciones, el Ejecutivo buscará ceder en puntos estratégicos, tratando de salvar su programa y evitando al mismo la parálisis de gobierno, lo que llevaría comúnmente a desequilibrios presupuéstales. Aquí la evidencia empírica, en el caso de los Estados Unidos, no es concluyente y sugiere que, mientras a escala nacional no hay elementos para validar aquella premisa, en el ámbito estatal los gobiernos divididos comúnmente tienen efectos negativos sobre el estado de las finanzas públicas. [sic]